El vicepresidente Al Gore, formado en Harvard, un partidario de los aumentos significativos de fuerza policiaca y prisiones privadas. (Foto Cortesía de Wikipedia).

Lo que mucha gente no percibe es hasta qué punto la implementación cotidiana de dicho centralismo intencional llega a ser profundamente penetrante, y, de esta forma, un proyecto de ambos partidos políticos. Recibe la promoción y el apoyo de todos los sectores políticos y sociales que ganan su dinero dirigiendo el accionar del gobierno, así como a través de los contratistas, bancos, firmas de abogados, think tanks y universidades que verdaderamente influyen en el mismo . Mi intención al contar esta historia es aclarar cómo funciona realmente el sistema. Sistema en donde un grupito de gente ambiciosa con acceso a información privilegiada –en la mayoría de los casos, educada en Harvard, Yale, Princeton y otras universidades de prestigio– disfruta centralizando el poder y dándose ventaja a sí mismo. Los paradigmas del republicano contra el demócrata o el conservador contra el progresista, se diseñaron para ofuscar y entretener. Una cantidad interminable de filosofías y una especie de moralismo religioso y santurrón, en realidad se ponen y se quitan como nuevo maquillaje, como un esfuerzo para ocultar la cara más fea que queda bajo la superficie. Una persona que tal vez describió esto de manera más franca, durante los años de gestión de Clinton, fue el ex director de la CIA, William Colby, quien escribió para un boletín inversionista en 1995:

“Los carteles de droga latinoamericanos han metido sus tentáculos más profundamente en nuestras vidas de lo que mucha gente cree. Es posible que ellos pongan las reglas de juego en todos los niveles del gobierno.”

El gobierno de Clinton retomó el trabajo iniciado por Nixon, Reagan y Bush, incluyendo y haciendo crecer tanto la expansión como la promoción del apoyo federal para la policía, los organismos de seguridad y la guerra contra las drogas, con una pasión difícil de entender si no es posible darse cuenta de que el sistema financiero estadounidense dependía mucho de su capacidad para atraer un lavado de dinero estimado entre 500 mil millones y un billón de dólares anuales. La globalización de las corporaciones, el aumento de los déficit y las burbujas inmobiliarias requerían enormes cantidades de capital.

Jamie Gorelick, Subsecretaria de Justicia de EU, 1994-97, a quien atribuyen el hecho de hacer una realidad las prisiones federales privadas. (Foto Cortesía de la Comisión del 9/11)

Atraer el capital también requería hacer seguro el mundo para que se llevara a cabo la reinversión de las ganancias del crimen organizado y la guerra. Sin crimen organizado creciente y actividades militares financiadas a través de presupuestos y contratos del gobierno, la economía pararía de centralizarse. Clinton gobernó durante una época en la que se dobló la población de las prisiones federales. [50]

Ya fuera a través de subsidios, créditos y beneficios provenientes de la confiscación de bienes, o del aumento de leyes, reglamentos y condenas federales, la supremacía de la infraestructura policiaca federal - y la industria que esta alimenta- se convirtió en un legado de Clinton.

Una de sus primeras iniciativas importantes fue el Omnibus Crime Bill (Proyecto de ley contra el crimen), promulgado como ley en septiembre de 1994. Dicha legislación implementó condenas mínimas obligatorias, autorizó $ 10.500 millones de dólares para la construcción de las nuevas cárceles que serían necesarias para estas nuevas sentencias, y dispuso dineros federales para policías locales. La legislación también aprobó varios proyectos clientelistas que favorecieron a dos importantes fuentes de respaldo para el del gobierno Clinton: los Community Development Corporations (corporaciones de desarrollo comunitario, o CDC) y Community Development Financial Institutions (instituciones financieras de desarrollo comunitario, o CDFI). Estas instancias llegaron a ser claves para mostrar una cara socialmente aceptable sobre el control cada vez más centralizado de finanzas locales y el recorte de capital propio para las pequeñas empresas.

El impacto potencial de dicho proyecto en la industria de las prisiones privadas era significativo. Cuando había sido aprobado solamente en la Cámara de Representantes (esperando todavía la aprobación en el Senado), el ex fiscal general Benjamín Civiletti se unió a la junta directiva de Wackenhut Corrections, la cual salió a la bolsa en julio de 1994 con una oferta inicial de acciones, que abarcaba 2.2 millones de estas. A finales de 1998, el valor de Wackenhut en la bolsa había aumentado diez veces más. Cuando ingresé a su página web en ese entonces, había una sección que mostraba la cantidad de camas que la compañía se encontraba en capacidad de manejar. El número se incrementaba mientras lo miraba: el negocio carcelario crecía así de rápido.

Sin embargo, el gobierno de Clinton no esperó a que la Omnibus Crime Bill se promulgara para desarrollar la infraestructura federal de seguridad. En cada nivel del gobierno, se impulsó a las agencias con el fin de que que aprovecharan el apoyo proveniente tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo para aprobar autorizaciones y programas –muchos de ellos justificados dentro del marco de la guerra contra las drogas – que permitían a sus agentes y personal portar armas, realizar detenciones y hacer que se generaran ganancias de actividades rentables tales como multas, incautaciones y confiscaciones. De hecho, las fuerzas federales del orden público se dirigían hacia un modelo que algunos denominaban “con ánimo de lucro”, en menos de lo que canta un gallo.

Elaine Kamarck promovió la construcción de prisiones privadas mientras era Alta Aasesora del Vicepresidente Al Gore -como parte de la iniciativa de él para “rediseñar el gobierno”, de 1993 a 1997- y luego se fue a Harvard. (Foto Cortesía de Harvard)

El 4 de febrero de 1994, el vicepresidente Al Gore anunció la Operación “Casa Segura” (Operation Safe Home en inglés) un nuevo programa de aplicación de la ley en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Gore era ex senador del estado de Tennessee. Su ciudad, Nashville, alojaba la compañía más grande de prisiones privadas, Corrections Corporation of America (CCA). En su rueda de prensa lo acompañaron el tesorero Lloyd Bentsen, la fiscal general Janet Reno, el director de políticas antidrogas Lee Brown, y el secretario de HUD Henry Cisneros. Este último dijo que Operation Safe Home tomaría 800 millones de dólares del presupuesto de HUD. La Operación, además iba a recibir apoyo fuerte de los comités de asignaciones presupuestarias del Senado y de la Cámara de Representantes. Esto pasó a convertir la Oficina del Inspector General, de una auditoría de programas a una promotora de programas que competían por financiación con las mismas oficinas a las que se supone que la Oficina del Inspector debería auditar: un grave conflicto de intereses y fracaso integral de controles internos del gobierno.

Según el anuncio, se esperaba que la Operation Safe Home combatiera “los crímenes violentos en las viviendas públicas y subsidiadas”. Como parte de dicho programa, la Oficina del Inspector General (OIG) del HUD trabajó coordinadamente con varias fuerzas conjuntas policiales de los niveles federal, estatal y local. Entre las agencias federales que acompañaron al HUD se encontraban el FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA), el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego (AFT), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio Secreto, el Servicio de Alguaciles Federales, el Servicio de Inspección Postal, la Aduana, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y el Departamento de Justicia (DOJ). Las principales maneras de medir los resultados de este programa, reportadas en el Informe semianual de desempeño del HUD OIG al Congreso, son: el numero total de confiscaciones, de incautaciones, de multas a propietarios acusados de fraude inmobiliario (específicamente del delito conocido como equity skimming) y de arrestos. Esfuerzos posteriores de cooperación entre agencias –como el programa “ACE”, patrocinado por el DOJ e iniciado por las oficinas de los fiscales federales - en conjunto con el Fondo de la Confiscación de Bienes del DOJ, el OIG del HUD y la Oficina del Consejero General del HUD - impulsaron también actividades que generaron ingresos.

El telón de fondo de todo esto implicaba grandes aumentos de presupuestos para el DOJ y las divisiones de las agencias que se encontraban enfocadas en la aplicación de la ley de manera rentable, y en la guerra contra las drogas. Estos grandes aumentos de presupuesto propiciaron otros tantos de ellos destinados a contratos, mientras el gobierno subcontrataba más y más trabajo. En su reportaje “Prisiones con ánimo de lucro: un informe especial; el negocio carcelario muestra su debilidad”, publicado por el New York Times en noviembre de 1995, Jeff Perth y Stephen Labaton describen a los consejeros políticos de la administración de Clinton, como exitosos en obligar al Departamento de Justicia a aceptar políticas en contra de su inclinación natural:

Christopher Edley, Jr., profesor de Derecho en Harvard, quien trabajó en la Oficina de Gestión y Presupuesto, donde organizó el presupuesto federal para apoyar las prisiones privadas. Ahora es decano de la Escuela de Derecho de Berkeley. (Foto Cortesía de la Escuela de Derecho de Berkeley)

“A mediados del año pasado, la Casa Blanca envió su propuesta para privatizar las prisiones al Departamento de Justicia, donde recibió una fría reacción, según funcionarios involucrados en las discusiones.

“Para ayudar a superar la resistencia mostrada por altos funcionarios en el Departamento de Justicia y el Buró de Prisiones, el arquitecto del proyecto en la Casa Blanca, Christopher Edley Jr., pidió a la oficina del Sr. Gore que ejerciera más presión al respecto.

“El Sr. Edley, un subdirector de la Oficina de Gestión y Presupuesto, solicitó la ayuda de la Sra. Kamarck, la asesora principal del Sr. Gore encargada de supervisar su programa para evaluar al gobierno. Luego llamó a su amiga, la Sra. Gorelick, entonces Subsecretaria de Justicia, quien supervisa las operaciones cotidianas de ese Departamento.

“ Convencí a Jamie para que hiciera más de eso”, recordó la Sra. Kamarck.

Cornell Corrections fue una de las empresas beneficiadas por los esfuerzos de Chris Edley, Elaine Kamarck y Jamie Gorelick. Según el Prospecto de Cornell de 1996 (el documento de oferta proporcionado a los inversionistas) entregado al SEC - después de construir un centro con una capacidad de aproximadamente 1100 camas, tras un periodo de cinco años -de repente esta empresa en nueve meses gozaba de un frenesí por la adquisición de nuevos contratos, las renovaciones de varios ya antiguos y las aprobaciones para adquirir otros, que casi triplicaron su capacidad. Todo esto provenía del Buró Federal de Prisiones del Departamento de Justicia.

Concesiones de contratos, renovaciones, y aprobaciones de adquisición a Cornell Corrections por parte del DOJ, desde septiembre de 1995 hasta abril de 1996

La compra de las instalaciones de Big Spring, Texas, a MidTex, firmada en febrero de 1996 y cerrada en julio del mismo año, desembocó en que Charles J. Haugh se uniera a Cornell como Director de Instituciones Seguras a partir de mayo de 1997. Anteriormente, Haugh era Director Ejecutivo de MidTex. Entre 1963 y 1998, Haugh había servido en numerosos puestos al Buró Federal de Prisiones en el DOJ, entre los que se encontraban: asistente especial del Director Administrativo de la Rama de Servicios Correccionales, Subdirector de Prisiones, Supervisor Correccional Principal y Funcionario Correccional.

En su libro Prisons for Profit, Gerth y Labaton mencionan a quiénes, dentro del gobierno de Clinton, hicieron realidad la privatización de las prisiones:

“Varios funcionarios federales dicen que están cómodos con dejar que compañías privadas manejen las prisiones federales porque la industria ha madurado y ha adquirido experiencia en el manejo de cárceles estatales y locales. Pero también están cómodos con la industria carcelaria, pues entre sus filas ahora se encuentran muchos ex colegas suyos: funcionarios policiales tanto antiguos como nuevos que han aceptado cargos en empresas carcelarias privadas, la última profesión del tipo “puerta giratoria”(denominación que se le da en Estados Unidos a los empleos rotatorios para funcionarios) en Washington.
“ La industria líder en el ámbito carcelario es la Corrections Corporation of America, empresa que lleva 12 años operando, con sede en Nashville. Varios funcionarios de la empresa son ex empleados de las prisiones federales, y el director de planificación estratégica de ella, Michael Quinlan, dirigía el Buró Federal de Prisiones bajo el gobierno de Bush (padre).

“Otra empresa líder es la Wachenhut Corrections Corporation de Coral Gables, Florida. Entre sus directores se encuentran Norman A. Carlson (predecesor del Sr. Quinlan en el Buró de prisiones), y Benjamin R. Civiletti, ex Fiscal General.

“El Fiscal General durante los primeros meses del gobierno de Clinton, Stuart Gerson, está en la junta directiva de Esmor Correctional Services, de Sarasota, Florida. Hace cuatro meses, el Servicio de Inmigración y Naturalización, entidad del Departamento de Justicia, canceló su contrato con Esmor después de una revuelta en su centro de detención, ubicado en Elizabeth, New Jersey. Una investigación realizada por funcionarios migratorios concluyó que Esmor, intentando apretarse el cinturón, había fracasado en entrenar los guardias, y que algunos habían golpeado a los internos.

“La puerta giratoria está empezando a trabajar en ambas direcciones. No es sólo que el sector privado haya recurrido a ex funcionarios federales, sino que el gobierno también ha empezado a mirar hacia los lideres industriales, con el fin obtener ayuda en el desarrollo de planes para entregar nuevas prisiones a la gestión privada.

“El Sr. Crane, el director jurídico de la Corrections Corporation en los años 80, fue empleado brevemente como consultante por el Buró de Prisiones, para ayudar a escribir un contrato modelo que se va a usar para contratar a la empresa que operaría la prisión federal en Taft”.

El Sr. Crane al que emplearon para desarrollar el contrato es el mismo Sr. Crane que arregló el traslado de presos del estado sureño de North Carolina al estado norteño Rhode Island para salvar a los compradores de bonos municipales de Cornell Corrections y Dillon Read.

La lluvia de contratos para Cornell proveniente del Departamento de Justicia fue muy significativa. Cuando Cornell hizo su oferta pública de acciones en octubre de 1996, calculó su valoración en $24,241 “por cada cama”, o sea, “por cada preso”. Valorando la empresa al precio de la oferta inicial, el valor total de la compañía era de 81 millones de dólares. Sin los contratos del Buró Federal de Prisiones, el valor de la empresa hubiera sido de aproximadamente de 39 millones de dólares, suponiendo que habría podido mantener un múltiplo de $24,241 por preso o siquiera salir a bolsa (ambas cosas poco probables en mi opinión). El aumento en la valoración de acciones que Dillon y sus fondos tenían, basándose en estas suposiciones, habría sido un mínimo de 18.5 millones. En definitiva, como resultado de seis meses de decisiones sobre contratos por parte del DOJ y sus agencias, se doblaron las tenencias personales de acciones de los funcionarios y directores de Dillon Read que habían invertido en Cornell.

La Subsecretaria de Justicia Jamie Gorelick, quien según la nota del New York Times había supervisado la nueva política de privitización de prisiones, se fue del DOJ en 1997. Luego se convirtió en vicepresidenta de la Asociación Federal Nacional Hipotecaria (conocida como Fannie Mae), una “empresa patrocinada por el gobierno”. Lo que quiere decir que es una empresa privada que goza de apoyo significativo del gobierno. Fannie Mae compra hipotecas y las combina en pools de hipotecas. Luego venden acciones en estos pools como manera de aumentar el flujo de capital hacia los mercados hipotecarios.

El lector puede entender por qué Wall Street daría la bienvenida a alguien tan complaciente como Gorelick en Fannie Mae. Era un periodo en que las ganancias, provenientes de la maquinación del incremento de deuda hipotecaria más espectacular en la historia de los EU, entraban a raudales.[51] Como dijo un agente de bienes raíces, “han convertido nuestras casas en cajeros automáticos”. Fannie Mae ha sido un actor principal en la centralización del control en Washington y Wall Street sobre los mercados hipotecarios del país. Y eso significa que mientras acorralaron y encarcelaron a mucha gente como parte de la Operation Safe Home, Fannie Mae estaba justo detrás del financiamiento y el aburguesamiento de los barrios. Eso sin contar hasta qué punto los flujos anuales de entre 500 mil y un billón de dólares lavados a través del sistema financiero estadounidense o el dinero perdido de las cuentas del gobierno se reinvierten en sus acciones.

Es importante, antes de cerrar esta descripción de la buena fortuna que tuvo Cornell con el Buró Federal de Prisiones y el DOJ en el otoño de 1995, así como en la primavera y el verano de 1996, dar un poco más de contexto. Durante estos meses, Estados Unidos se encontraba en plena campaña presidencial. Bill Clinton y Al Gore se postulaban para su segunto mandato. Dillon Read tradicionalmente era una firma republicana –sus mayores inversionistas contribuían generosamente al Partido Republicano y a la campaña de Bob Dole y Jack Kemp, cuyo director de campaña, Scout Reed, había sido jefe de personal en HUD, cuando Kemp era Secretario de dicho organismo, y luego fue el director ejecutivo del Partido Republicano. La ascendencia corporativa de Cornell y las relaciones que tiene –con Bechtel, con su auditor, con la oficina de Houston de su verificador contable Arthur Anderson, con su abogado Baker Botts, y su empresa constructora Halliburton/KBR– son lazos profundamente asociados a la familia Bush y el bando republicano.

Si quiere ver un ejemplo de cooperación entre los dos partidos políticos, siga la pista del dinero. En medio de elecciones presidenciales, un gobierno demócrata aseguró que mucho capital llegara a los bolsillos de una firma republicana. Pero si se puede alejarse un poco y echar un vistazo más amplio, es posible darse cuenta de que muchos de los actores involucrados parecen tener lazos con el escándalo Irán-Contra y con redes de lavado de dinero. Una cantidad sorprendente de ellos asistieron a Harvard y a otras universidades cuyas dotaciones juegan papeles importantes en el mundo de la inversión. Resultó que, mientras se aumentaba la población carcelaria de Estados Unidos de un millón a dos millones de personas y se disparaba la deuda de consumo, la dotación de Harvard también estaba creciendo – de 4 mil millones de dólares a 19 mil millones durante el gobierno de Clinton. Harvard y sus egresados parecían estar en medio de muchas cosas provechosas.